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Sida y consecuencias políticas

Alfredo Joignant

Publicada el: 24/10/2008


La Tercera, viernes 24 de octubre de 2008

No es primera vez que el Sida origina consecuencias políticas en un país, en este caso por la negligente falta de información a los pacientes afectados de este mal por parte de las autoridades sanitarias. Es así como Canadá, China y Francia también tuvieron que enfrentar un affaire de esta naturaleza, aunque en regímenes políticos de muy distinta naturaleza.

El denominado “affaire de la sangre contaminada” en Francia es el más parecido al chileno. A mediados de los 80, una institución estatal distribuyó sangre contaminada entre personas que padecían de hemofilia, lo que llevó años más tarde al ex Primer Ministro Laurent Fabius a comparecer ante la Corte de Justicia de la República por “homicidio involuntario”. Si bien dicha Corte finalmente absolvió de responsabilidad al ex Primer Ministro, en 1999, cabe preguntarse qué hubiese sucedido si la denuncia de este escándalo hubiese acaecido mientras Fabius se desempeñaba como jefe de gobierno. Probablemente, es la confianza política del gobierno la que hubiese quedado en entredicho, abriendo la posibilidad para una moción de censura.

En lugar de la confianza, es la responsabilidad política de la Ministra de Salud la que es actualmente cuestionada. Nadie duda que la Ministra no posee responsabilidades administrativas en este asunto, lo que no la exime de responsabilidad política. En tal sentido, a diferencia de la acusación constitucional que supuso la destitución de la ex Ministra Provoste, en este caso existen sobrados motivos para fundamentar el procedimiento. ¿Por qué razón? A causa de la envergadura del escándalo, sembrando además un manto de duda acerca de la eficiencia de los controles en este ámbito.

Es probable que una eventual acusación constitucional tenga más que ver con una voluntad de inflingir una derrota al gobierno, que con razones de justicia política estrictamente apegadas al caso. Pero más profundamente, si lo que se pretende es poner en juego la responsabilidad política de un ministro, bien valdría la pena detenerse en la pregunta del correcto y justo dispositivo institucional para ponerla a prueba. Extrañamente, Chile posee un mecanismo (en calidad de injerto en el presidencialismo reforzado) que es propio de un régimen parlamentario, cuya finalidad es interrogar y criticar en un registro de publicidad a un ministro: la denominada interpelación parlamentaria. Se trata de un mecanismo absurdo, puesto que no produce consecuencias prácticas, lo que a su vez explica su uso mediático y algo obsceno por parte de los diputados. Así, es un dispositivo demasiado débil para hacer de él un uso útil. El otro mecanismo disponible es la acusación constitucional, cuyas consecuencias son la destitución y la pérdida de derechos cívicos de la autoridad, una situación exagerada de confrontación de poderes provocada por un mecanismo de características balísticas. Naturalmente, de materializarse una acusación constitucional, las esquirlas del impacto superarían con creces el efecto de la destitución de Provoste, un año antes de elecciones presidenciales y con la participación activa de más de algún parlamentario concertacionista.

Lo razonable sería transitar a formas parlamentarizadas del régimen, en donde la responsabilidad política puede traducirse en elecciones anticipadas en caso de que una moción de censura sea votada, lo que de por sí constituye un aliciente para que el propio ministro afectado evite tal desenlace.



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